Los conflictos sociales —a los que no se encuentra solución— han provocado, entre otras consecuencias, violaciones a los derechos humanos. Con un Ministerio Público absolutamente sometido a sus designios, el Gobierno se va convirtiendo, por acción y omisión, en un transgresor de aquellos. Una vez violados muchos derechos humanos de personalidades de la oposición a la que derrotó electoral y militarmente entre 2005 y 2009, ahora esta política se ha volcado incluso en contra de viejos aliados que no han mostrado la sumisión que exige.

En dos ámbitos distintos, hay dos ejemplos ilustrativos de lo afirmado. Uno, el caso del maltrato físico y verbal de parte de policías y autoridades a una enfermera acusada de ser agresora de un viceministro. El otro, la obtención y difusión de una grabación de una diputada del MSM, que se suman a las nuevas agresiones a los marchistas en defensa del Tipnis en San Ignacio de Moxos y las amenazas que en su contra se han vertido en Yucumo, zona en la que el año pasado fueron brutalmente reprimidos por fuerzas policiales.

Frente a esa situación, es preciso recordar a varios de los altos dignatarios del Gobierno que su elección se debió, en parte, a su actuación en la defensa de esos derechos que hoy, desde el poder, violan. Por otro lado, exhortar a que la disputa política se encuadre en un clima de respeto al ser humano, más allá de las legítimas divergencias.

Seguir por el camino del insulto, la amenaza y la abierta agresión, como está sucediendo, no sólo que daña la convivencia pacífica, sino que, finalmente, se vuelve en contra de quienes lo impulsan. Ya un viejo canciller francés aseguraba que todo se puede hacer con las bayonetas, menos sentarse sobre ellas.